La batalla legal contra la ley de Arizona no solo se libra a nivel federal, sino también local, dado que varias ciudades de EEUU han alzado la voz contra esta iniciativa antiinmigrante, la última de ellas Ann Arbor, en Michigan.

Esta ciudad es la primera de su estado que ha declarado oficialmente su oposición a la ley de Arizona, casi coincidiendo con la demanda judicial que ayer presentó el Gobierno de Barack Obama contra la medida, que considera anticonstitucional.

La demanda pide que no se ponga en efecto esa legislación hasta que se resuelva la cuestión, y alega que Arizona ha tomado en sus manos la política de inmigración, que es competencia exclusiva del Gobierno federal.

El diario The Ann Arbor News informa hoy que el Concejo Municipal aprobó la resolución anoche con nueve votos contra uno.

La decisión de los concejales en Ann Arbor se suma a los rechazos ya aprobados en otras ciudades de California, como Berkeley, San Francisco, Oakland, Los Ángeles y San Diego contra la ley.

En mayo pasado, el Concejo Municipal de Boston (Massachusetts) aprobó una resolución para que ese municipio retire sus inversiones en Arizona, como protesta contra la legislación que permite que la policía detenga e interrogue a cualquier persona porque se sospeche que sea un inmigrante indocumentado.

En Arizona, los concejos municipales de Tucson y Flagstaff ya aprobaron resoluciones por la nueva ley de inmigración, debido a los costos policiales que les impondrá y las consecuencias negativas para el sector turístico.

Diversas organizaciones nacionales de derechos civiles y sindicatos han declarado un boicot contra Arizona en oposición a la legislación.

Entre esas organizaciones se cuentan el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), el Centro de Justicia Asiático-Estadounidense (AAJC), el Centro para el Cambio Comunitario (CCC), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), el Sindicato de Trabajadores Comerciales y de la Industria Alimentaria (UFCW), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la Coalición Nacional de Puerto Rico (NPRC).

La resolución del concejo de Ann Arbor proclama la oposición del municipio a una ley en Arizona que ha causado una controversia nacional, promulgada en abril y que entraría en vigencia el 29 de julio, si un juez no lo impide antes.

Las concejales demócratas Sabra Briere y Sandi Smith presentaron la moción y convencieron a sus pares en el concejo para que aprobaran la resolución.

Y yo, ciertamente, estoy de acuerdo con esta moción, afirmó el alcalde John Hieftje, según el diario de Ann Arbor.

El concejal demócrata Tony Derezinski dijo que cualquiera que mire alrededor de esta mesa verá muchos 'apellidos raros' como el mío, y Hieftje, Hohnke y Rapundalo.

Este es un país de inmigrantes, señaló Derezinki. Somos todos inmigrantes.

El demócrata Stephen Rapundalo, oriundo de Canadá, fue el único que se opuso a la resolución, y aunque dijo que no le gusta la ley de Arizona, opinó que no es un asunto que amerite una acción del concejo municipal de Ann Arbor.

La iniciativa tuvo un fuerte apoyo de una coalición encabezada por la Coalición Ecuménica Wasstenaw por los Derechos de los Inmigrantes, y el respaldo de grupos como la Universidad de Michigan, la Comisión de Derechos Humanos de Ann Arbor, y el Centro de Trabajadores de Ann Arbor.

Ésta es una cuestión de justicia y seguridad para todas nuestras comunidades, dijo Margaret Harner, de la Coalición Washtenaw. La ley de Arizona avala la discriminación racial y daña la seguridad pública.

Los policías deberían dedicarse a la protección de los vecindarios y no a perseguir trabajadores, familias y estudiantes inmigrantes, añadió.